Tengo un muy buen amigo que, no siempre, pero ha votado a Batasuna en numerosas ocasiones. Y jamás ha justificado a ETA. Durante años compartí clases y recreos con quien tiempo después sería detenido por pertenencia a la banda terrorista, pero también con quien se convertiría en alcalde de Eibar, líder de los socialistas guipuzcoanos y consejero del Gobierno vasco. Y entre uno y otro extremo, fanáticos de todos los pelajes y personas absolutamente normales. Quiero decir con ello que Euskadi es una sociedad rica, plural, muy diversa en lo cultural, con gentes procedentes de muchas partes, y en lo político. Una sociedad en la que la industrialización acelerada se superpuso, como una capa de chapapote, a unas estructuras dominadas por las tradiciones seculares de un mundo rural. Una sociedad muy compleja que no ha sido capaz de integrar adecuadamente tradición y modernidad, que no ha creado las estructuras sociales y culturales capaces de gestionar su propia complejidad. La desacralización, el relativismo e incluso el individualismo de las sociedades posindustriales no hay arraigado con fuerza en Euskadi. Perviven unas ciertas reminiscencias comunitaristas y mesiánicas que explican la fortaleza del nacionalismo político; y con ello, el afianzamiento de un cierto maniqueísmo. Consecuencia: una comunión esencialista de individuo y pueblo, el atrincheramiento en defensa de lo propio como elemento sustantivo y el recurso permanente al "quien no está conmigo está contra mí" como instrumento de supervivencia, o de sometimiento, según desde qué trinchera se vea.
La penetración del PNV en todos los ámbitos de la sociedad vasca durante décadas ha reforzado esta filosofía hasta convertirla en algo parecido a una forma de "ser" lo vasco. Aunque no se pueden confundir ni convertir en sinónimos (como hace maliciosamente el neonacionalismo españolista que irradia desde Madrid), el bloque ETA-Batasuna ha llevado este pensamiento hasta el extremo totalitarista. Si la banda terrorista ha recurrido al asesinato (casi 900, no hay que olvidarlo) para atemorizar a la sociedad, Batasuna ha intentado someterla con una presión social cotidiana de corte estalinista. La violencia (la callejera y la psicológica), las amenazas, el amedrentamiento, la imposición de un discurso determinado, la exclusión del otro... han asfixiado a la sociedad vasca. Como decía mi admirado Mario Onaindía, Euskadi aún no ha completado la transición a la democracia.
La Declaración Universal sobre la Democracia la define tanto como "un ideal que se ha de tratar de alcanzar como un modo de gobierno". En tanto que ideal, es "un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad". Pues bien, así entendida, la democracia no ha existido en Euskadi, porque ETA-Batasuna ha ejercido una coacción que ha impedido la libre formación de la voluntad popular. Dicho a la inversa: la democracia en Euskadi solo es posible con la desaparición de ETA.
Dicho lo cual, y pese a los muchos desengaños, pienso con total convicción que estamos en ese esperanzador proceso. Creo que, tarde lo que aún tarde, ETA va camino de su desaparición: no por un milagroso proceso de conversión, sino por incapacidad, aislamiento y pérdida de sentido, de su propio sentido. En este contexto, y en términos de actualidad, la pregunta que queda por responder es: ¿qué se hace con Sortu? ¿Debe ser legalizada? Batasuna (y derivados) fue ilegalizada en tanto que organización sometida a y dominada por ETA, que la utilizaba para conseguir sus propósitos. La ilegalización ha sido buena para Euskadi, porque ha cambiado el curso de la historia y ha sido determinante para llegar hasta donde ahora nos encontramos. La situación actual es fruto de la presión policial, política, judicial e internacional. Pero tan cierto como esto es que ni fueron ilegalizados los principios ideológicos ni sus simpatizantes perdieron sus derechos políticos. Es decir, los miembros de Batasuna siguen siendo ciudadanos con sus derechos plenos, incluidos los políticos. En consecuencia, tienen la misma capacidad que cualquier otro para constituir un partido, con los mismos principios independentistas que definían a Batasuna. Siempre que cumplan las leyes y no vulneren las resoluciones que la expulsaron de la legalidad. Esto es: no es posible un partido sometido a ETA, que sea una mera continuidad, incluso con otras formas, de Batasuna, y que no cumpla todos y cada uno de los preceptos de la ley de partidos.
Bien: los estatutos de Sortu son irreprochables en su literalidad. Diría aún más: son los más estrictos en a la hora de recoger cuanto establece la ley. No solo rechaza expresamente la violencia de ETA, sino que incluso prevé la expulsión de cualquier militante condenado por violencia. ¿Es suficiente? Pues es matizable. La sentencia ilegalizatoria de Batasuna extiende su eficacia a cualquier organización que pretenda continuarla. ¿Cómo hemos de interpretar "continuidad"? ¿En términos de personas? No, porque se trata de ciudadanos en plena facultad de sus derechos políticos. ¿Por sus principios? Tampoco, porque las ideas políticas no pueden ser prohibidas. Al menos de las que estamos tratando. Entiendo que la "continuidad" debe ser entendida en términos de identidad común de un conjunto de factores: personas, principios, fines y organización. La misma declaración de rechazo a la violencia de ETA, junto a otros principios y valores de pronunciamiento democrático recogidos en los estatutos, conlleva tal ruptura con la esencia misma de lo que era Batasuna que con ello se desvirtúa radicalmente la tacha de continuidad.
Queda como tercer elemento acusatorio la vinculación a ETAcontradicción en sus términos. Cabe, ciertamente, la posibilidad del engaño. Pero no es sino un juicio de intenciones. Y los tribunales no pueden obedecer a presunciones, porque la Justicia opera sobre hechos fehacientes y demostrables, no sobre posibilidades de... Y, en todo caso, en caso de colisión con derechos fundamentales como el de participación política debe prevalecer siempre la protección de estos como fundamento constitutivo de la democracia. E incluso si los estatutos de Sortu fueran una artimaña para engañar a los tribunales, estos tienen en la actual legislación electoral instrumentos sobrados para proceder a la ilegalización a posteriori, incluso aunque ya estuviera presente en las instituciones.
Así que, judicialmente, el terreno parece abonado a la legalización. Otra cosa es la valoración política que merezca tal decisión. Pero, como señala la Declaración Universal sobre la Democracia, "las instituciones judiciales y los mecanismos de control independientes, imparciales y eficaces son la garantía del Estado de derecho, fundamento de la democracia". Ciertamente, las presiones van a ser intensas, porque los intereses, también políticos, son importantes. El PSOE sabe que una eventual desaparición de ETA sería su principal activo electoral en las circunstancias actuales. Y el PP, que también lo sabe, presiona hasta lo que no está en los escritos para impedir lo único que en estos momentos puede amenazar su probable victoria electoral. El Gobierno traspasa la patata caliente a los tribunales para no cargar con la responsabilidad política de la respuesta. Y el PP, que no tendría reparos en cambiar de postura al día siguiente de unas elecciones victoriosas, toca todos los resortes a su alcance, esos que Federico Trillo maneja tan bien, para conseguir sus propósitos y evitar la legalización.
Aunque eso vulnere principios elementales de la democracia, que está basada "en el derecho de todas las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos". Por ello, "los derechos civiles y políticos son primordiales, y en particular entre ellos, los derechos a votar y a ser elegido". Un derecho que se pretende hurtar a una parte importante de la población vasca (entre un 10% y un 20%, según la consulta que utilicemos como referencia). Pero ya se sabe que en el PP hay algún sector cuyo pedigrí democrático aún está por demostrar.
En todo caso, y en el supuesto de que la respuesta judicial no sea la que espera, Sortu tendrá la oportunidad de demostrar que su apuesta por la democracia y la normalización política del País Vasco es sincera y está profundamente arraigada. Después de todo, el daño que ETA-Batasuna han causado ha sido tanto y de tan largo alcance que la penitencia tampoco sería desproporcionada. Mantener su apuesta por la paz y a democracia, sea cual sea resultado, pueda o no concurrir a las elecciones, sería la mayor y mejor contribución que podrían hacer al País Vasco.
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